La organización humanitaria Cristosal pidió este martes (08.02.2022) a la Corte de Cuentas de El Salvador que haga "un examen especial sobre el uso de los fondos públicos" de la Presidencia de la República, del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), así como de los ministerios de Seguridad y de la Defensa ante las denuncias de espionaje -mediante el programa Pegasus- a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
"Interponemos denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para actividades de interferencia e intervención ilegal de las comunicaciones", señaló Cristosal y añadió que "los hechos denunciados están relacionados con la presunta utilización de fondos públicos para contratar los servicios" del programa que "permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes y el acceso a los datos personales de ciudadanos sin su consentimiento ni autorización".
La entidad indicó que los funcionarios que "pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group" -que desarrolla el software Pegasus- son el presidente Nayib Bukele, el director de la OIE, Peter Dumas; además de los ministros Gustavo Villatoro, de Seguridad, y René Merino, de Defensa.
Las denuncias contra NSO Group en El Salvador
Amnistía Internacional informó a mediados de enero que una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Lab "identificaron el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador".
El informe de Citizen Lab afirma que logró confirmar "35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021". La fuente detalló que "los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y dos periodistas independientes", además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.
La Asociación de Periodistas de El Salvador avisó el pasado 14 de enero a la Fiscalía del espionaje, pero -hasta el momento- el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto.
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