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La sesión en el Parlamento ecuatoriano para tratar el proyecto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación quedó sin definición por segunda vez consecutiva para que el texto final pueda adoptar las conclusiones finales, luego de las 40 intervenciones que tuvo el debate debido a una fragmentada opinión de los diputados. La minoría, que tiene una postura en contra, elevó hace días un texto el cual fue calificado de restrictivo para los derechos de las mujeres.
La ola ‘verde’ feminista que se levantó en América Latina y que se tomó las calles de los diferentes países de la región continúa disputando sus batallas en los parlamentos con el fin de conquistar derechos que han sido postergados históricamente. En este caso, el escenario se plantea en la Asamblea Nacional ecuatoriana y el objetivo es despenalizar el aborto en casos de violación, una condición avalada en gran parte de las naciones del mundo.
Sin embargo, la resolución deberá esperar luego de que la sesión del segundo debate que se desarrolló el último jueves haya concluido sin efectuar la votación del proyecto de ley. Guadalupe Llori, presidenta del legislativo, aplazó ocho días más el sufragio para que el texto final pueda adoptar las conclusiones. Este segundo debate ya había sido postergado el pasado 25 de enero a razón de darles a los legisladores más tiempo para analizar la decisión.
En la discusión de este jueves hubo más de 40 intervenciones, demostrando la fragmentación existente entre los parlamentarios y una representación de la opinión dividida de la sociedad ecuatoriana respecto al proyecto de ley del aborto en casos de violación.
La finalidad del proyecto es definir al aborto voluntario en situaciones donde exista una violación como un derecho generalizado para todas las mujeres y no solamente aplicable, como ahora, para aquellas que tienen discapacidad mental o cuando la vida de la gestante está bajo riesgo.
“En el pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico”, manifestó Llori. Además, añadió que todos y todas las asambleístas “representaron de manera responsable, con voz y con su voto a todos sus mandantes”.
Visiones opuestas
Este jueves los legisladores revisaron el informe de la mayoría de la Comisión parlamentaria de Justicia y Estructura del Estado, expuesto por Johanna Moreira, quien afirmó que buscan defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se les ha “criminalizado”.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, aseguró Moreira perteneciente al sector de legisladores que consideran que el aborto es un asunto de respeto a los derechos humanos y debe prevalecer el derecho a la vida desde la concepción.
Del lado de la minoría también emitieron un informe que fue duramente criticado por colectivos sociales y feministas, quienes denunciaron 17 violaciones constitucionales.
Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, manifestó que el informe de la minoría, el cual tildó de retrógrado para los derechos femeninos, busca instaurar una “ley de desprecio a las mujeres”
El informe de la minoría está conformado por 55 artículos, de los cuales el más polémico limita el tiempo de la interrupción del embarazo a seis semanas para las mayores de edad y a 12 para las menores, mujeres de zonas rurales y con discapacidades.
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